¿Queman evidencias de L-12? | Querétaro

¿Queman evidencias de L-12?

Gustavo Mendoza Ávila

Los incendios políticos tienen larga data y tradición en la historia universal. En algunas ocasiones han sido usados para incriminar a los enemigos o para exculpar a los amigos.

El déspota y populista Nerón incendió Roma; y para quedar impune acusó de ello a los cristianos —los conservadores de su tiempo—. Aprovechando la confusión los persiguió y relanzó su menguado gobierno a través de obras de super lujo, como su palacio Domus Aurea.

En esa larga tradición siempre la oscuridad juega un papel determinante para ocultar la identidad de los incendiarios y los motivos que tienen para destruir evidencias.

En México los incendios políticos han sido básicamente de archivos, para eliminar las evidencias documentales y testimoniales de la larga estela de corrupción de los gobernantes. Durante el gobierno de José López Portillo hubo tres incendios cuyo propósito fue garantizar la impunidad de familiares, amigos y de corruptos priistas.

El más importante de ellos fue el de un archivo ubicado en los edificios adjuntos a la Torre de Pemex, donde se eliminaron evidencias tanto de las compras amañadas del sindicato de Pemex, de funcionarios y de la propia hermana del presidente en la compra con sobreprecio de una embarcación para la paraestatal; y que, gracias a los archivos de un periodista, pudimos enterarnos de qué se quiso eliminar.

Otro fue en la Procuraduría General de la República, donde, misteriosamente, desaparecieron los expedientes que inculpaban a muchos funcionarios públicos corruptos. Y, el tercero, fue en el Instituto Politécnico Nacional, para borrar la pérdida de varios cientos de millones de pesos, por uno de sus directores que fue ideólogo del PRI y secretario de Gobernación.

Todo esto viene a cuenta del reciente incendio de en un archivo de la Secretaría de Obras del gobierno de la Ciudad de México —resguardado por la Guardia Nacional— el pasado lunes, en el que, según la senadora panista Kenia López Rabadán y las víctimas del derrumbe de la Línea 12 del Metro, se encontraban todas las evidencias de ¿adivine usted qué? Sí, acertó: casualmente, del tramo colapsado de la Línea 12 del Metro, que costó la vida a 26 personas y dejó con heridas a más de 100.

Mientras el despacho de abogados que representa a los afectados por el derrumbe exigió aclaraciones para conocer qué se dañó y el grado de los daños (de dos horas de fuego y de toda el agua que se utilizó para apagarlo), la Secretaría de Obras de la Ciudad de México niega el hecho alegando que el incendio fue en otro piso y en otro archivo.

Este incidente no es un hecho menor por todo lo que legal y políticamente implica. El silencio del gobierno de la Ciudad de México genera sospechas de un posible encubrimiento.

Más allá de la afectación a las víctimas del derrumbe, está el hecho de a quiénes podría beneficiar, además de a los corruptos constructores y servidores públicos involucrados.

El gobierno federal está obligado a transparentar este hecho, no sea que se utilice para beneficiar a los dos aspirantes morenistas a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y Marcelo Ebrard Casaubón, eximiéndolos de responsabilidades en esta tragedia; o para perjudicarlos con la sospecha de su autoría.

Aunque el peritaje de la empresa sueca determina la responsabilidad de ambos en su construcción y mantenimiento ¿cómo se demuestra sin pruebas? Se confirmaría: Un gobierno sin corrupción no sirve para nada: YSQ.  

Periodista y maestro 
en seguridad nacional

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