Ciudadanizar la seguridad | Querétaro

Ciudadanizar la seguridad

Felipe Fernando Macías Olvera

Durante los últimos años la seguridad pública en México ha sufrido dos retrocesos graduales: en primer lugar sus principales atribuciones se han concentrado en instituciones del ámbito federal, lo cual ha marginado y debilitado a los gobiernos estatales y municipales en su función de garantizar la integridad de la ciudadanía. En segundo término, las instituciones en las cuales se han concentrado dichas atribuciones son de naturaleza militar, lo cual ha reducido la injerencia de civiles en la toma de decisiones relacionadas con seguridad.

El primer aspecto resulta preocupante porque, al centralizarse y concentrarse en manos de la Federación la toma de decisiones respecto a la seguridad, se pierde la perspectiva de las necesidades de la población. Bajo esa perspectiva, se desapareció Fortaseg, el fondo dedicado a profesionalizar y fortalecer a las policías estatales y municipales, aquellas que tienen contacto permanente con la ciudadanía y que son los primeros respondientes en tierra, ahí donde se cometen los delitos.

El segundo aspecto también es negativo porque al conferir la toma de las decisiones en materia de seguridad al mando militar, todo indica que reduce la eficiencia. La Guardia Nacional, dirigida por un militar en retiro e integrada por elementos de la Policía Militar, ha demostrado resultados muy pobres. Por citar un ejemplo: en 2018, con 33 mil elementos, la Policía Federal realizó 21 mil detenciones. En cambio en 2020, con 100 mil elementos, la Guardia Nacional realizó apenas 9 mil detenciones.

La militarización de varias funciones gubernamentales resulta grave, pero impacta con mayor fuerza a la seguridad pública. Por ello, es indispensable que se involucren ciudadanía, expertos, instituciones y representantes de la sociedad civil con conocimientos en la materia, pues la participación de personas con amplio conocimiento y experiencia puede servir para dar otra perspectiva a la toma de decisiones en materia de seguridad pública.

Nuestro país debe dar marcha atrás a la militarización y volver a dejar la seguridad pública y sus determinaciones en manos de los civiles. No se debe confundir la naturaleza tan honorable de las Fuerzas Armadas, dedicadas a la protección y defensa del territorio nacional, con otras tareas que distraigan sus funciones. Por supuesto, en el cumplimiento de las funciones de seguridad, deben garantizarse los derechos humanos.

Por ello, es importante insistir en el fortalecimiento de las corporaciones de seguridad pública estatales y municipales.

Se trata de construir instituciones que sean capaces de garantizar que “quien la hace, la paga”, y con ello frenar el acelerado crecimiento de la delincuencia y de la impunidad desde la raíz: en nuestras colonias, en nuestros barrios y en nuestras comunidades.

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