López-Gatell divide con Ley 'antichatarra'

07/09/2020
09:34
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La radicalización de Hugo López-Gatell comienza a generar grietas en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador y en el gobierno de la 4T. Su cruzada contra los productos procesados y empresarios de este sector, aunado a la terrible gestión de la crisis sanitaria, lo han convertido en un funcionario tóxico, el cual si bien sigue contando con el respaldo presidencial, muchos también lo consideran un fusible quemado.

La llamada “ley Gatell”, que prohíbe la venta, distribución y donación de alimentos con alto contenido calórico y bebidas azucaradas a menores de edad, aprobada en Oaxaca y replicada en Tabasco y Veracruz, abre un nuevo frente de confrontación entre los moderados y los radicales de la gabinete y de la 4T. Los últimos apoyan al subsecretario de Salud, vocero y gestor del gobierno federal frente a la pandemia del Covid-19, mientras que los primeros lo aborrecen por el daño que ha causado al país en términos económicos y sanitarios.

El apoyo explícito que López-Gatell ha dado a la ley contra los productos procesados –la cual impide que cualquier persona menor de 18 años compre papas, refresco o sopa de pasta, entre otros productos empacados o embotellados, pero no que adquiera una dona, agua dulce de sabor o papas fritas en la calle–, ha hecho que los empresarios del sector estallen contra la legislación y el subsecretario de Salud.

El asunto no nada más es con las empresas como Coca-Cola, Pepsico y Bimbo, y los cientos de miles de empleados que representa esta industria, sino que 60% de los ingresos de las tiendas de conveniencia y de las llamadas “tienditas” provienen de productos empacados de este tipo. Frente a la crisis económica actual, los empresarios han buscado interlocución con Hugo López-Gatell, pero no ha ocurrido.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, ha vuelto a encabezar la interlocución entre los empresarios y los poderes gubernamentales. Con el senador de Morena, Ricardo Monreal, han encontrado tierra fértil.

Monreal no está de acuerdo con las prácticas prohibicionistas para restringir la venta de alimentos y bebidas con alto contenido calórico a menores de edad, por lo que hace unos días anunció la creación de un grupo de alto nivel para analizar los impactos reales de este tipo de legislaciones.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado organizó un diálogo en el que participaron Carlos Salazar, dirigente del CCE; Armando Garza Sada, de Grupo Alfa; José Antonio Fernández, de FEMSA; Juan Gallardo Thurlow, de Grupo Azucarero México; Daniel Servitje, de Bimbo;Fausto Costa, de Nestlé; Bosco de la Vega, del Consejo Nacional Agropecuario; Antonio del Valle, del Consejo Mexicano de Negocios;Francisco Cervantes, de la Concamin, y José Manuel López, de la Concanaco.

También se han su sumado otras voces de peso criticando la autopromoción de López-Gatell a través de este tipo de iniciativas de ley que salen de su escritorio y que son un copy-paste de la ley ya aprobada en Oaxaca, la cual aún no entra en vigor porque el gobernador Alejandro Murat no la ha publicado.

A todo esto se suma el impulso que ha dado López-Gatell para que en la Ley de Ingresos de 2021 se aumente otro porcentaje al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a alimentos calóricos procesados.

La diputada de Morena, Erika del Castillo, presentó una iniciativa para aumentar el IEPS a las bebidas azucaradas, y que pase de 1.2616 pesos a 2.2616 pesos. El senador morenista por Oaxaca, Salomón Jara, trae bajo el brazo tres iniciativas para elevar a escala federal la prohibición de la venta de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados a menores de edad.

Los empresarios están encontrando eco en su interés de que no proliferen las legislaciones prohibicionistas con algunos personajes claves, del ala de los moderados del gabinete y de la 4T, como Ricardo Monreal, Alfonso Romo, Graciela Márquez, Marcelo Ebrard y Julio Scherer.
Veremos quiénes se imponen en esta lucha de fuerzas.

Vuelve el paso de charola a la IP

Este 15 de septiembre se llevará a cabo la “rifa del avión presidencial” y en el gobierno federal al parecer están desesperados porque se vendan los ‘cachitos’. Tanto así que en algunas Direcciones de Administración y Oficialías de la 4T se ha solicitado por escrito el apoyo de los proveedores de gobierno para que aporten un mínimo de 10 mil pesos a la cuenta de la Lotería Nacional, mensaje que se ha acompañado de una petición para que envíen los respectivos comprobantes de pago “para su debido registro”.

Así, ante la baja venta e interés en el sorteo, el pase de charola habría comenzado de nueva cuenta, tal como sucedió en febrero pasado, cuando diversos empresarios recibieron una carta compromiso para participar en la compra voluntaria de los famosos boletos, aquellos tan importantes para el mandatario. Sin embargo, a la fecha existen cientos de proveedores que presentan atrasos en sus pagos de hasta seis meses de servicio, sumado a los recortes en sus contratos por el Decreto de Austeridad publicado en abril pasado.  

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