El acoso y el poder

Maricruz Ocampo Guerrero

Hace unos días, el presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega Carriles, anunció la separación del cargo del secretario de Desarrollo Sustentable, Martín Díaz Pacheco, debido a acusaciones de acoso sexual en su contra. En Pedro Escobedo el edil Amarildo Bárcenas destituyó a Omar Soria Arredondo como secretario general de Gobierno por el mismo motivo. Un caso aún más grave es el de Raúl Jaime Pérez, suplente del diputado federal Felipe Macías, denunciado por el delito de abuso sexual de una menor de edad. Finalmente, el presidente municipal de Pinal de Amoles, Isidro Garay Pacheco del PRI, también fue denunciado penalmente pero por el delito de violencia de género por agresiones contra una ciudadana de esa demarcación.

Desafortunadamente estos funcionarios no son la excepción, sino la regla que rige en un mundo donde, hasta hace muy poco, las mujeres eran consideradas por muchos políticos como parte de las prerrogativas que venían incluidas con el puesto. Estos cuatro casos son una pequeña muestra de la violencia que muchas mujeres, especialmente las más jóvenes, experimentan a manos de servidores públicos y políticos que, cuando acceden o se acercan al poder, se sienten intocables.

Los delitos que atentan contra la libertad e inexperiencia sexual están tipificados en el Código Penal del estado de Querétaro con penas más severas cuando el agresor es un servidor público; a pesar de esto las agresiones contra mujeres por parte de funcionarios no solo no se detienen, muchas veces ni siquiera se investigan.

Las estadísticas nos muestran que cada vez más mujeres se atreven a denunciar a sus agresores. En Querétaro las investigaciones por acoso sexual pasaron de un total de 23 en 2015 a 285 tan sólo de enero a junio de 2020. Y aún cuando esto es muy bueno, está lejos de ser suficiente.

Las mujeres tenemos derecho a vivir libres de violencia y una manera de proteger ese derecho es garantizando que ninguna persona que ha sido encontrada responsable de agredir a una mujer ocupe un puesto pagado con nuestros impuestos. Es por eso indispensable que la LIX Legislatura de Querétaro avance en reformar las leyes orgánicas que rigen en nuestro estado para impedir que personas, principalmente hombres, que han cometido actos de violencia de género contra las mujeres en el entorno laboral o político, que son deudores alimenticios o que han agredido a sus parejas, puedan ocupar cargos públicos por elección, concurso o designación.

Conforme avanzamos en las exigencias de la agenda feminista más mujeres comprenden que tienen derecho a vivir libres de violencia, acoso y hostigamiento en sus espacios de trabajo, en sus hogares y en su actividad política, por eso seguiremos insistiendo en que las investigaciones de las denuncias por estos delitos se realicen con perspectiva de género y se lleven hasta sus últimas consecuencias.

Las mujeres que denunciaron el acoso ya aprendieron. Los que se niegan a entender son sus agresores.

 

 

 

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