Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres

Maricruz Ocampo Guerrero

En una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para resolver el caso del feminicidio de su hija, la señora Irma Monreal, madre de Esmeralda Herrera, narró que el mismo día que ella denunció la desaparición de la joven, había sido robada la camioneta de la esposa del alcalde de Ciudad Juárez, quien inmediatamente anunció en medios de comunicación que daba 24 horas para que el vehículo apareciera o si no habría graves consecuencias. La camioneta apareció. Esperanza Herrera Monreal ni siquiera fue buscada. Su cadáver fue encontrado el 8 de diciembre de 2001 en un paraje sembrado de algodón, en las afueras de esa ciudad fronteriza.

El feminicidio es la máxima expresión de la discriminación y violencia que viven las mujeres. Es el reflejo de una sociedad desigual que relega a segundo plano a la mitad de la población y de un Estado que omite proteger el derecho de las mujeres, jóvenes y niñas a vivir libres de violencia. El feminicidio se encuentra inmerso en la supremacía masculina perpetuada por roles de género estereotipados y en la opresión, explotación y exclusión social de niñas y mujeres. Es el producto de una sociedad que constantemente las desvaloriza y que naturaliza los comportamientos misóginos que las violentan.

La violencia está presente de formas diversas a lo largo de la vida de las mujeres. Ésta se puede observar en agresiones verbales, en el control y los celos, en el acoso callejero que las obliga a cruzar la calle y en el hostigamiento sexual que viven a manos de sus jefes. Se observa en la negativa de los partidos a postular candidatas a las gubernaturas, en el médico que les reclama por “abrir las piernas”, en el legislador que se opone a que una mujer que corre el riesgo de morir pueda abortar y en el fiscal que se niega a investigar un delito.

En México la manera en la que las autoridades abordan el combate a la violencia contra las mujeres reproduce las desigualdades. Con frecuencia dichas autoridades consideran como “no-víctimas” a las mujeres que no se comportan de acuerdo a roles estereotípicos sustentados en sus prejuicio e incluso las hacen responsables de la violencia que sufren dependiendo de su modo de vivir, su forma de vestir y si han solicitado o no ayuda.

Combatir la violencia que lleva a que 11 mujeres sean asesinadas diariamente, reparar de manera integral los daños causados por esa violencia y mejorar la condición y posición de las mujeres representa una obligación ineludible que todas las autoridades adquieren cuando juran cumplir y hacer cumplir la Constitución. En tanto continúen evadiendo su responsabilidad de reducir las desigualdades, combatir la discriminación y proteger la dignidad de las mujeres, el 25 de noviembre seguirá siendo un día de denuncia vehemente en contra de las actitudes hipócritas de los hombres del poder que insisten en menoscabar los derechos de las víctimas y sus familias.

 

 

 

 

 

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