#28S derecho a decidir

Maricruz Ocampo Guerrero

El acceso a un aborto libre, seguro y gratuito es indispensable para garantizar que todas las mujeres gocen del derecho a una vida digna, a la salud, a la igualdad y no discriminación, a la información, a la seguridad personal y a la libertad religiosa y de consciencia. En este sentido todas las entidades federativas del país, con excepción de la CDMX y Oaxaca tienen una deuda que saldar con las mujeres mexicanas.

La interrupción del embarazo ocurre todos los días en todos los rincones de México. Sin embargo cuando se da en la clandestinidad no existen límites en cuanto al número de semanas de gestación en que se puede realizar; no se informa a las mujeres de opciones como la adopción; no reciben acompañamiento psicológico y se realiza en condiciones de poco o nulo higiene. Además, cientos de mujeres son denunciadas ante las autoridades, por personal médico “objetor”, cuando acuden a recibir atención profesional aún cuando sus abortos fueron espontáneos y no inducidos.

La NOM-046 garantiza a todas las mujeres el derecho a abortar de manera segura, cuando el embarazo es resultado de una violación. La realidad es muy distinta. Muchos hospitales del sector salud no cuentan con el personal capacitado o de plano niegan la atención.

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos de la ONU los gobiernos que castigan el aborto tienen el propósito de “controlar la toma de decisiones de las mujeres a través del uso de la ley penal". La Organización Mundial de la Salud ha demostrado que la penalización del aborto no reduce su número, por el contrario, incrementan los abortos clandestinos lo que, aunado a los embarazos de alto riesgo de niñas y adolescentes y al incremento de la mortalidad materna, deriva en graves problemas de salud pública.

La Legislatura de Querétaro, y las de todos los estados del país, tienen la obligación constitucional de eliminar de la normatividad toda forma de discriminación contra las mujeres y niñas y de respetar, proteger y garantizar sus derechos sexuales y reproductivos de conformidad con los tratados internacionales, pero sobre todo tienen el deber de eliminar las leyes que criminalizan y castigan con cárcel a las mujeres que deciden abortar cuando su vida corre riesgo, algo que ocurre con frecuencia en esta era del Covid-19.

Las exigencias de las mujeres que reclaman el respeto y protección de sus derechos sexuales y reproductivos —a través de movilizaciones, marchas, reformas legislativas y acciones judiciales— deben ser escuchadas y atendidas por las autoridades del país. Por eso despenalizar el aborto y garantizar que las mujeres puedan ejercer libremente su derecho a decidir sobre su cuerpo será un tema prioritario de la agenda feminista con miras a las elecciones del 2021.

En tanto esto no ocurra, organizaciones sociales y mujeres activistas de todo México, seguiremos informando, acompañando y apoyando a las mujeres, jóvenes y niñas que decidan ejercer ese derecho. Su derecho a decidir.

 

Comentarios